19-09-17.-
La junta directiva de la Asociación de Profesores de la USB (Apusb) expresó que la III Convención Colectiva Única del Sector Universitario es “un fraude monumental”, porque en su discusión hubo exclusión política y porque sus “alcances económicos son risibles y en nada van acordes con la inflación actual en Venezuela”.
El presidente de la Apusb, William Anseume, dijo que “según el Cenda, la canasta básica alimentaria se ubicó en julio en Bs. 1.443.634,25, mientras el sueldo de un profesor universitario en su más alto rango, Titular a Dedicación Exclusiva, según los pretendidos altos alcances económicos ofertados en la III CCU, es de Bs. 717.591,87, menos de la mitad de esas necesidades básicas”.
Anseume criticó que hasta ahora no sea de dominio público el contenido de la III CCU, “supuestamente, porque falta el último trámite legal: la homologación, entre comillas, que deben otorgar tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio del Trabajo”.
Indicó que la III CCU fue discutida de “muy mala manera y de muy mala fe, contraviniendo todos los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela en esta materia, especialmente la Guía de Políticas de la Negociación Colectiva de la OIT, donde se señala con toda claridad que el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva es un principio y un derecho fundamental en el trabajo”.
Señaló que la Fapuv quedó fuera del diálogo, a pesar de ser el gremio que agrupa a la mayor cantidad de profesores universitarios del país; además, la III CCU no fue producto de un diálogo tripartito, “no se convocó para nada a los representantes de las autoridades rectorales que son justamente los patronos de los universitarios, violando así, una vez más la autonomía universitaria, tradición especial de este régimen”.
Por su parte, el profesor Luis Buttó, secretario general de la Apusb, mostró tres ejemplos de lo insatisfactorio de lo establecido en la III CCU: “primero, el seguro HCM se sitúa en dos millones de bolívares máximo, a través de una oficina especialmente creada en el Ministerio de Educación Universitaria, cuando todos conocemos lo elevado de los costos médicos en Venezuela; segundo, la contribución para compra de útiles escolares fue establecida en 90.000 bolívares, un aporte mínimo y desconsiderado en relación con la inflación que, obviamente, afecta este rubro también; y tercero, la ayuda por matrimonio se pautó en 60.000 bolívares, lo cual no alcanza ni para comprar un ramo de flores de regalo”.
Universidades fábricas
Buttó alertó que de manera extraoficial –ya que no se ha hecho público el texto de la III CCU- se conoce que este instrumento aborda el tema académico “al conminar a las universidades a buscar modos para incrementar su participación en la productividad del país, dicho así en términos genéricos y sin que nadie sepa en lo práctico-concreto cómo se materializa esto y como si las universidades no tuvieran bien en claro los productos que tienen como misión aportar a la nación: sus valiosos egresados, sus trabajos de investigación científicos y de extensión, que históricamente tanto han contribuido a incrementar los grados de desarrollo relativo nacionales. ¿Universidades fábricas es lo que se pretende? ¿Se ha valorado la opinión de los universitarios al respecto en función del respeto al principio de autonomía académica? ¿Se quieren modificar los pensa y programas de estudio en función de determinada orientación ideológica sin consultarnos en nuestra condición de profesores?”
Por otro lado, también de manera extraoficial, dijo Buttó, “hemos recibido información de que se pretende fijar a siete horas el máximo de contratación de profesores a tiempo convencional, constituyendo esto una visible desmejora en dichos contratos y una ilegal regresión en los derechos laborales adquiridos de los académicos sujetos a este tipo de contratación”.
